La mitad de las autonomías “suspenden” en la protección a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas

19 octubre 2016
Cuidemos de quien te cuida

Ocho servicios autonómicos de salud ponen problemas a las enfermeras y fisioterapeutas que piden una baja por riesgo en su embarazo, y ninguna autonomía tiene puestos de trabajo específicos adaptados a sus necesidades.

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El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que las enfermeras y fisioterapeutas encuentran problemas a la hora de ver concedida la baja por riesgo en su embarazo en un total de ocho servicios autonómicos de salud.

Tras un análisis pormenorizado a nivel nacional de la situación en la que se encuentran las profesionales de Enfermería y Fisioterapia embarazadas, la organización sindical ha concluido que muchos servicios de salud autonómicos no atienden como deberían las necesidades de sus profesionales embarazadas en los meses que aún siguen trabajando en su correspondiente centro sanitario.

Así, en ocho servicios autonómicos de salud, las profesionales refieren problemas a la hora de ver concedida la baja por riesgo en el embarazo, retrasándose ésta  por las diferencias de criterio en cuanto a la semana de concesión o la valoración del inspector del INSS o de la Mutua correspondiente, al no existir unos protocolos que fijen unas reglas uniformes.

La concesión de la baja por riesgo en el embarazo suele demorarse en exceso, con una variabilidad significativa según el servicio donde se trabaja (UCIs, Urgencias, etc.) o la semana de gestación de la trabajadora, encontrando también que el trato es diferente incluso dentro de la misma CC.AA. Las ocho comunidades autónomas en las que las profesionales acusan esta situación son Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi y Murcia.

De otro lado, en ninguna comunidad autónoma hay puestos de trabajo establecidos y regulados específicamente para que puedan ser desempeñados por las trabajadoras embarazadas durante los meses de gestación, existiendo únicamente en la ciudad autónoma de Ceuta.

Otro aspecto analizado por el estudio de SATSE es cómo se gestiona la adaptación del puesto para estas trabajadoras, y éste señala que, tras la comunicación voluntaria de la profesional, es el servicio de prevención correspondiente el que presenta una evaluación y la recomendación de la adaptación de puesto.  

Cuando esta adaptación no es posible, porque no hay puestos disponibles, el trámite del permiso por riesgo durante el embarazo se realiza a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social o en la Mutua, dejando a criterio del inspector o de dicha entidad la resolución de dicho permiso, lo que puede conllevar una arbitrariedad en su apreciación, variando ampliamente, según el caso, la semana de gestación en la que se concede la baja, añaden desde el Sindicato.

Asimismo, el análisis apunta que en siete comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Murcia y Navarra) no existen protocolos acordados sobre esta materia, y en las que sí hay estos acuerdos, remarca que no se dan en todos los centros sanitarios de sus servicios de salud correspondientes, dependiendo de la Gerencia en cuestión su realización y puesta en marcha.

A tenor de estas conclusiones, SATSE reclamará en las mesas de negociación de los distintos servicios de salud que se acabe con la arbitrariedad existente según se trabaje en una CC.AA. u otra, y, a través de sus delegados de prevención, el Sindicato de Enfermería vigilará la protección adecuada de unas profesionales que, por las características intrínsecas de su labor, se ven expuestas en su estado gestacional, tanto ellas como sus futuros hijos, a numerosas situaciones todos los días que ponen en riesgo su salud e integridad física (cortes, pinchazos, contagios, movilización de pacientes, manipulación de cargas, etc...) 

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